Advierten que hubo una conducta ilícita y estafa de los ministros de Rodríguez Saá que hicieron firmar los contratos a trabajadores del Plan

El abogado penal, Rafael Berruezo, en declaraciones a La Mañana de Dimensión, consideró que durante la protesta de los trabajadores del Plan de Inclusión "el ministro (Claudio) Latini, desnudó la conducta ilícita llevada adelante por los distintos ministros previo a las elecciones”.

El viernes pasado, decenas de beneficiarios reclamaron en Terrazas del Portezuelo para pedir explicaciones por los contratos que les prometieron antes de las elecciones del 11 de junio. Ese día se movilizaron porque no se había cumplido con el pago de acuerdo al compromiso del Gobierno.

“El artículo 173 inciso tres del Código Penal establece que hay un delito de estafa que a través de engaños hace suscribir un documento a otro. Específicamente esto se encuadra ahí. En principio lo que hicieron los ministros fue engañar a la gente de que los iban a pasar a contratado, cobrar como empleados públicos, todo eso a cambio del voto, sabiendo que esto no lo podían hacer”, indicó.

Esto se produce porque la Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos fija la cantidad de personal del Estado y determina un límite. “El Poder Ejecutivo provincial no podrá aumentar el número total de cargos y horas cátedra”, dice el artículo N° 11.

“Latini les dijo que hay que modificar una ley, (proyecto) que está en la Legislatura y que eso apenas salga, empiezan a cobrar. Fue un engaño al sólo efecto de obtener el voto de esta gente, nada más. Es una estafa, que contempla penas de uno a seis años de prisión”, sostuvo.

El abogado, afirmó que el personal del Plan puede denunciar penalmente a los funcionarios.

Indicó que otra de las irregularidades que cometieron los funcionarios de la Alberto Rodríguez Saá fue que no les entregaron un duplicado del contrato a los beneficiarios ni tampoco les permitieron sacar una foto con el celular: “Firmaban y no quedaba ninguna constancia. Es una maniobra engañosa como tendiente a evitar de que no quedaran rastros, pruebas. Es un aprovechamiento de la necesidad de los trabajadores”.

Durante la concentración, los beneficiarios hicieron referencia a que hay integrantes del Plan que actualmente están percibiendo el salario de un contratado.

En ese sentido, Berruezo opinó que si eso es verdad “nos tenemos que preguntar cómo los nombraron y además incumplieron con la intimación que les hizo el gobernador electo (Claudio Poggi), mediante las cartas documento que se les envió y cometieron el delito incumplimiento del deber de funcionario público”.

Por último, el letrado aclaró que por más que la Legislatura apruebe el proyecto de ley que envió el Gobierno para modificar el artículo 11 del Presupuesto para incorporar más personal en la administración público “los delitos ya se cometieron, las leyes no pueden blanquear una conducta realizada por lo tanto están a expensas de que se los denuncien a todos los ministros que hicieron firmar esos contratos”.